Por Hector Velasco
Un hombre hizo estallar el jueves un poderoso coche bomba en una academia de policía en Bogotá. Diez personas murieron, incluida una cadete ecuatoriana, y 65 quedaron heridas por este «demencial acto terrorista», según el gobierno, que sacude a un país atascado en sus esfuerzos de paz.
El presunto responsable fue identificado por la fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó con una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en el sur de la capital colombiana.
Aunque todo parece indicar que el hombre murió en el ataque, las autoridades no han confirmado su deceso o su vinculación con alguno de los grupos armados que aún operan en Colombia, financiados por el narcotráfico, tras el pacto de paz con la otrora guerrilla FARC en 2016.
Este «demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción», dijo el presidente Iván Duque en una declaración a la prensa junto al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
La explosión deja diez muertos y 65 heridos, según el balance oficial. Dos ecuatorianas están entre las víctimas, la cadete Erika Chicó, quien falleció, y Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves. Dentro de las víctimas, se encuentra una ecuatoriana; así lo afirmó el presidente Lenin Moreno en su red social.
Las autoridades no han precisado el número exacto de uniformados muertos.
El vehículo, que de acuerdo con la fiscalía había pasado por una revisión en julio en 2018 en Arauca (frontera con Venezuela), detonó en el marco de una ceremonia de ascenso de oficiales y cadetes.
«Escuché como si se hubiera caído el cielo en la cabeza. Fue una explosión muy grande. Cuando salí había una humareda grande», relató Rocío Vargas, una vecina del lugar.
Según versiones de policías, escuchadas por un reportero de la AFP en el lugar, un perro antiexplosivos detectó la carga. Al verse descubierto, Rojas aceleró y atropelló a un policía. Tres uniformados fueron detrás del vehículo antes de que, segundos después, explotará.
Se trata del peor acto de terror ocurrido en la capital colombiana desde febrero de 2003, cuando rebeldes del ahora partido FARC detonaron un coche bomba en el club El Nogal. Treinta y seis personas murieron y decenas más sufrieron heridas.
– «No vamos a ceder» –
A raíz del ataque, el presidente Duque debió retornar de urgencia a Bogotá tras cancelar un consejo de seguridad en Quibdó (noroeste).
«He dado la orden a las fuerzas militares y a la policía nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la fiscalía, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal», sostuvo.
Asimismo, advirtió: «No vamos a ceder nunca ante los actos de terror. Colombia está firme y no se amedrenta».
Duque, quien asumió el poder en agosto de 2018, ha endurecido la política antidrogas tras heredar una cifra récord de cultivos ilegales y de producción de cocaína en 2017.
Al mismo tiempo ha fijado condiciones para reactivar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en Colombia. Ningún grupo se ha atribuido de momento este ataque, como tampoco las autoridades han deslizado hipótesis sobre los presuntos cerebros del acto.
Además del ELN -que en el pasado ha reconocido ataques con explosivos contra la policía-, operan bandas del narcotráfico de origen paramilitar y disidencias de las FARC que luchan por control territorial en medio de una espiral de violencia selectiva contra líderes sociales que deja 438 muertos desde enero de 2016.
Hace un año la policía también fue blanco de un ataque con bomba dentro de una comisaría en la ciudad caribeña de Barranquilla. Seis uniformados murieron y 40 sufrieron heridas. Días después el ELN, cuya delegación de paz está en La Habana, se adjudicó la acción.
– Solidaridad internacional –
La víspera del ataque de este jueves, había ingresado un nuevo grupo de aspirantes a oficiales a la escuela. Otros como Jonathan Oviedo había retomado sus clases.
«Mi hermano Jonathan, que es cadete, alcanzó a hablar con nosotros y nos dijo que estaba herido, luego pasó al teléfono un teniente y se cortó la comunicación. En dos años que lleva en la policía, nunca había enfrentado una situación así», comentó Carol Oviedo.
Una funcionaria de salud de las Fuerzas Militares señaló a la prensa que al parecer el vehículo irrumpió «abruptamente» en la sede policial.
«Entró abruptamente, casi atropellando a los policías y enseguida fue la explosión», relató Fanny Contreras.
Entretanto, Duque pidió la colaboración de los colombianos para «desarticular a la estructura criminal» que ejecutó el ataque, aunque se cuidó de mencionar a alguna organización en específico.
Desde la oficina de la ONU en Colombia hasta Estados Unidos, pasando por el gobierno de Venezuela -con el que Bogotá congeló relaciones- y las FARC, condenaron el hecho y expresaron solidaridad.
La embajada de Estados Unidos en Colombia, también expresó su rechazo al acto: «Expresamos nuestras más sinceras condolencias por las muertes en el atentado contra la Escuela General Santander de esta mañana. Ofrecemos nuestra asistencia en la investigación de este acto repudiable y nuestra solidaridad a la Policía de Colombia».
Con unos ocho millones de habitantes, Bogotá había sido sacudido por esporádicas acciones de terror en 2017. En febrero de ese año, el ELN se atribuyó un atentado contra una patrulla policial que dejó un uniformado muerto y varios heridos de gravedad en el barrio La Macarena de Bogotá.
Ese mismo año, un atentado en un centro comercial dejó tres muertos y varios heridos. Las autoridades culparon del hecho al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupúsculo de izquierda radical.
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