por Julia RIOS
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, develó este sábado su agenda para las negociaciones con la oposición, en la que descarta adelantar las elecciones y ofrece liberar a los presos por las protestas antigubernamentales, en momentos en que el diálogo quedó en un «impasse» tras el retiro de la Iglesia católica.
Ortega divulgó sus propuestas para la negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la que se busca poner fin a la crisis que vive el país desde el año pasado, luego que el episcopado anunciara que «no estaremos físicamente en el foro de negociaciones».
Inmediatamente después, la ACJD -que agrupa a estudiantes, campesinos, empresarios y sociedad civil- dijo que reconsiderara su continuación en la mesa de diálogo.
Estos anuncios se produjeron luego de ocho jornadas de reuniones en las que la delegación del gobierno no dio a conocer sus propuestas para el proceso, lo que provocó dudas sobre las intenciones del gobierno en la mesa de diálogo.
El «impasse» debe servir para que el gobierno reflexione y comience a dar «signos de voluntad política» de que está interesado en superar la crisis, dijo el viernes el jefe de la delegación de la ACJD, el exdiplomático Carlos Tünnermann.
– Propuestas gubernamentales –
En un comunicado, el gobierno volvió a negar la posibilidad de adelantar las elecciones generales como reclama la oposición, «tomando en cuenta que las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021».
En cambio, propuso fortalecer el tribunal electoral e implementar «las propuestas de reformas (…) que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes», recomendados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, ofrece fortalecer las libertades y derechos, pedir a la comunidad internacional que no aplique sanciones al país y liberar a detenidos en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, dejando unos 325 muertos, 700 presos -aunque un centenar pasó a arresto domiciliario al iniciarse el diálogo el 27 de febrero- y miles de exiliados.
Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), ofrecen una conferencia de prensa, el 8 de marzo de 2019
Las protestas comenzaron contra una reforma a la seguridad social pero ante la violenta represión oficial devinieron en una demanda de renuncia de Ortega.
Sobre la liberación de detenidos, el comunicado detalló que se trataría de aquellos «que aún no han sido juzgados», mientras que en el caso de los ya procesados «se revisarán sus expedientes» para no generar «impunidad».
Ortega indicó que se hará un llamado de apoyo a la comunidad internacional para «la implementación de los acuerdos finales de la negociación» y para «suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense».
– Participación de la OEA –
Juan Sebastián Chamorro, delegado de la ACJD, consideró que las negociaciones son «complejas» y que han encontrado mucha «resistencia» del gobierno a ceder a sus demandas de libertad y democratizar al país.
El líder opositor llamó al gobierno a que demuestre «signos de voluntad política» para buscar una salida a los problemas en el país.
En un intento de salvar el proceso de negociación, el gobierno acudió el sábado a la OEA, según un comunicado conjunto entregado a la prensa.
Estudiantes universitarios nicaragüenses protestan contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en Managua, el 1 de marzo de 2019
El organismo anunció que, a solicitud del gobierno, enviará el lunes al representante Luis Ángel Rosadilla para analizar junto a «los actores» de las negociaciones una eventual participación de la OEA en el proceso.
La ACJD ha planteado la presencia de la OEA y de Naciones Unidas como garantes para que se cumplan los acuerdos que se logren en las negociaciones.
Sin embargo, el gobierno se había opuesto alegando que los asuntos internos deben ser resueltos internamente, según fuentes opositoras próximas al encuentro.
Tras el fracaso de un primer intento de diálogo entre mayo y junio del año pasado, las pláticas se reanudaron el 27 de febrero, en momentos que el gobierno enfrenta problemas financieros y encara sanciones de Estados Unidos que le impedirán acceder a créditos de organismos multilaterales.
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