Quito. – El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, exhortó este lunes a Ecuador a avanzar en una reforma legal para despenalizar el aborto en casos de violación.
El Congreso ecuatoriano analiza desde octubre pasado una modificación al Código Integral Penal (COIP) para ampliar las causales de aborto en la nación de mayoría católica. El proyecto incluye también la despenalización del aborto en caso de incesto, estupro, inseminación no consentida y grave malformación del feto.
HRW «considera que la despenalización del aborto en caso de violación que se propone en este proyecto de ley constituye un avance claro y necesario para que Ecuador cumpla con sus obligaciones jurídicas de derecho internacional en el ámbito de derechos humanos», dijo Vivanco a través de una videoconferencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
La Comisión es la encargada de elaborar un nuevo informe sobre una serie de reformas legales que incluyen la despenalización del aborto en casos de violación. El reporte debe ser presentado al segundo y definitivo debate en el pleno del legislativo, que no tiene un plazo determinado para convocar a una votación sobre el tema.
Actualmente la ley ecuatoriana solo permite a las mujeres abortar cuando el embarazo implica un riesgo para la vida de la madre o cuando ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.
Vivanco señaló que aprobar «este proyecto de ley constituiría un avance para los derechos de la mujer en Ecuador».
El director para las Américas de HRW argumentó que «la prohibición del aborto en casos de violación lleva a que muchas mujeres tengan abortos inseguros y aumenta la tasa de mortalidad materna en el país».
Organizaciones feministas ecuatorianas sostienen que cada año aproximadamente 2.500 menores de 14 años dan a luz en el país y que esos embarazos son producto de violencia sexual, pues según la legislación ecuatoriana toda relación íntima con menores de 14 años es considerada una violación.
En ese sentido, Vivanco explicó que, mientras prevalezca la prohibición del aborto en caso de violación, la víctima de abuso «va a ser muy renuente a denunciar ese crimen que ha sufrido por miedo, por temor a que se le persiga penalmente por haber provocado un aborto».
La legislación ecuatoriana sanciona con cárcel de seis meses a dos años a las mujeres que abortan.