El expresidente y jefe del oficialismo en Colombia, Álvaro Uribe, anunció este viernes su apoyo a un referendo impulsado por firmas para «suprimir» el tribunal de paz que juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto con la disuelta guerrilla de las FARC.
El también senador se alineó con la iniciativa en marcha -que aún debe sortear varias etapas antes de llegar a las urnas- tras el reciente fallo que impidió al gobierno de Iván Duque modificar algunos puntos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), columna vertebral del acuerdo de 2016 con los rebeldes.
«El país va a tener que pensar en suprimir la JEP», dijo Uribe a W Radio, y enfatizó sus objeciones a lo pactado con el ahora partido FARC.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, el 30 de abril de 2019 en el Congreso Nacional colombiano en Bogotá
El expresidente (2002-10) es el crítico más severo del acuerdo con la otrora guerrilla -a la que propinó duros golpes militares-, con el argumento de que premia con impunidad a responsables de delitos atroces aun cuando, según lo firmado, deberán reparar a sus víctimas y contarles la verdad de lo ocurrido para recibir beneficios penales y evitar la cárcel.
Sin embargo, si incumplen los compromisos podrán ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión.
Uribe agregó que firmaría específicamente el punto de la propuesta de consulta popular relacionado con la derogatoria de la JEP, pero no la remoción de todos sus magistrados.
Según Herbin Hoyos, líder del movimiento Libertad y Orden y quien comenzó la recolección de firmas para sacar adelante el referendo, los casos investigados por la JEP pasarían a manos de una nueva Corte Suprema cuyos magistrados serían nombrados por «concurso de méritos».
En ese sentido, la propuesta también prevé la «remoción inmediata» de los actuales jueces de las altas cortes.
Uribe, que se apartó de este último punto, justificó su respaldo al fin de la JEP en el «malestar de la opinión pública» frente al falló que obligó a Duque a promulgar sin cambios, la semana pasada, la ley que reglamenta ese sistema de justicia.
Asimismo, reprochó la decisión de la justicia que permitió la excarcelación de un exguerrillero y congresista sospechoso de narcotráfico, mientras la Corte Suprema define su situación jurídica.
«En muchos colombianos hay rabia, desazón con las decisiones que ha tomado la justicia. Aquí por ejemplo impusieron una impunidad total a los delitos que cometió FARC antes de la firma final de sus acuerdos», señaló Uribe.
El referendo contra la JEP está en fase inicial. Los promotores deberán recolectar el 5% de firmas válidas del censo electoral (poco menos de dos millones) y esperar que el Congreso lo avale y pase la revisión de la Corte Constitucional.
Solo después de eso iría a las urnas, donde debe votar a favor la mitad más uno de unos 9,2 millones de sufragantes para convertirse en mandato.
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