El gobierno mexicano informó este jueves que completó el proceso para aprobar tres reformas constitucionales, entre ellas la que crea una nueva Guardia Nacional, y que forman parte del plan de seguridad del país golpeado por la violencia ligada al narcotráfico.
Las otras dos reformas, que contaron con la aprobación de una mayoría calificada del Congreso bicameral (dos tercios del quorum) y de al menos 17 de los 32 congresos estatales mexicanos, son las referidas a la extinción de dominio y la que autoriza prisión preventiva oficiosa para delitos considerados «graves», tales como la corrupción.
«El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país», dijo la ministra de Gobernación (Interior), Olga Sánchez, en conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un soldado mexicano patrulla las calles de Acapulco, estado de Guerrero, el 25 de febrero de 2019.
En el caso de la Guardia Nacional, que el miércoles consiguió la aprobación de los 32 congresos estatales mexicanos, se modificaron 10 artículos de la Constitución, detalló la ministra.
Indicó que está pendiente la expedición de leyes reglamentarias, entre ellas la que organiza al nuevo cuerpo policial, así como la reforma a la ley general del sistema de seguridad pública.
La propuesta original de la Guardia Nacional fue duramente criticada por la oposición y defensores de derechos humanos por considerar que conducía a una militarización permanente del país. Sin embargo, fue aprobada en las dos cámaras tras varias modificaciones, entre ellas eliminar un fuerte componente militar.
La participación militar en la lucha antidrogas, iniciada a finales de 2006, se acompañó de una vertiginosa ola de violencia. Según cifras gubernamentales, desde entonces se han registrado casi 250.000 asesinatos, aunque no se detalla cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.
Sobre la extinción de dominio, mecanismo por el que un Estado puede perseguir bienes con origen o destino ilícito declarando la pérdida de derecho de propiedad de dichos recursos, se aprobó la ampliación del catálogo de delitos sujetos a esta figura.
En la reforma, validada ya por 26 congresos locales, se contempla incluir corrupción, extorsión, robo de hidrocarburos y delitos cometidos por servidores públicos.
Se ordena además la creación de una ley que prevea utilizar los bienes recuperados para reparar a víctimas, implementar programas de bienestar y financiar programas de seguridad, así como la creación de un instituto para administrar dichos bienes, detalló Sánchez.
La tercera reforma amplía el catálogo de delitos en los cuales todo juez «deberá ordenar la prisión preventiva» oficiosa, subrayó Sánchez, incluyendo ahora corrupción, robo de hidrocarburos, delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada, entre otros.
Dicha reforma ya obtuvo la aprobación de 17 congresos estatales.
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