Miami. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por un proyecto de ley con el que el gobierno de Venezuela impondría mayores restricciones a internet, aduciendo la consabida doctrina de soberanía nacional que el régimen chavista viene usando desde hace décadas para coartar las libertades de expresión y de prensa.
El Anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela otorga más poder al gobierno para controlar y vigilar el uso de internet con el objetivo de «generar las condiciones que garanticen la seguridad de la Nación». La iniciativa podría ser aprobada este mes por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La SIP argumenta que el proyecto es contrario a la «Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital» en cuanto a que el bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en internet constituye censura previa según la Convención Americana de Derechos Humanos. Arguye, además, que «la vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso», y que «las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y el derecho de las personas al anonimato».
El proyecto, de 47 artículos, crea el «Sistema Nacional del Ciberespacio», órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la ley. También crea el «Centro Nacional del Ciberespacio» que dictará y ejecutará las políticas en materia de seguridad de las tecnologías de información y de la seguridad de contenidos.
La ley impondría a los propietarios y operadores de infraestructura privada o pública la obligación de permitir el «acceso a sus infraestructuras y suministro obligatorio de información por razones de defensa y seguridad» sin necesidad de acciones judiciales de por medio. Asimismo, obliga a los proveedores de servicios a denunciar situaciones irregulares y les obliga a neutralizar y eliminar datos e información bajo órdenes de los nuevos organismos a crearse.
La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, El País, Cali, Colombia, dijo que «venimos periódicamente denunciando al régimen venezolano como uno de los principales censores de internet». Recordó que la SIP ya se había expresado en contra de mecanismos como los que provee la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, así como los que establecen decretos que violan el derecho a navegar libremente en internet».
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, La Silla Rota, Ciudad de México, México, agregó que en la asamblea general de la SIP de octubre pasado en Salta se denunció que el gobierno de Nicolás Maduro estaba afinando el bloqueo y filtrado de internet coartando el derecho de acceso del público a los portales de noticias. Parafraseando la Declaración de Salta, aprobada en esa reunión, Rock dijo que cualquier política pública que se adopte para el entorno digital debe garantizar que internet sea «abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos.»
La propuesta de ley ha sido rechazada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que lo consideran «una grave amenaza a los derechos humanos».
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